ANTE POL蒑ICA EN EL HOGAR DOMINGO SAVIO
Preocupante "acto reflejo" de interpelar a la prensa
La publicación exclusiva de EL LIBERTADOR, sobre el video que una vecina filmó y envió a este medio para que se expusiera la situación que padecen niños del hogar de tránsito Domingo Savio, provocó una reacción preocupante desde algunos sectores del Poder Judicial. 
La prontitud y vehemencia con la que se procedió desde la órbita de la Justicia para advertir sobre los condicionamientos establecidos en distintas normativas (de las que este medio siempre está al tanto) respecto a los derechos del niño contrastaron con la carga resolutiva de su labor.
O sea, en vez de actuar ante un hecho grave respecto a la salud física y mental de unos pequeños, seguido de un pormenorizado detalle de lo realizado a la opinión pública, tuvieron un primer "acto reflejo" que fue el de advertir a la prensa sobre la reproducción del material.
En este hecho, sólo se puede distinguir un nombre de pila, siquiera uno completo; menos se puede observar los rostros de los chicos ni algún otro detalle que pudiera socavar sus derechos.
Lo importante (y parece hasta una tontería aclararlo) es el hecho en sí que se denuncia, donde no se muestra material morboso ni sanguinario, sólo relatos que los funcionarios deberán corroborar.
Miles de antecedentes a escala local, nacional y mundial hay para contrarrestar esta impronta cuasi censuradora. Basta con recordar casos en los que se reprodujeron videos de salas maternales o de niñeras violentas, con los que se pudo avanzar sobre situaciones de vejámenes indignantes contra menores.
Pese a ello, en Corrientes se priorizó la "advertencia", como intentando sostener el mensaje célico del que históricamente se jactó un sector amplio de la Justicia, con miembros de "sangre azul" superiores a los ciudadanos "de a pie", tal como muchos de sus funcionarios llaman a los vecinos.
Los tiempos actuales demandan una comunicación expedita, capaz de atender los ánimos de la sociedad, alejándose de la mera y fría letra de las normativas. En estos contextos, el componente social es clave y el compromiso hacia la ciudadanía, también.
Hubo un sector que intentó evitar el contacto con los medios para bajar un solo discurso institucional, con datos -hasta se podría decir- para nada esclarecedores e irrelevantes ante la situación planteada.
Sin embargo, como casi siempre se dice, no está bien generalizar. Y un fiel reflejo de este axioma popular lo dieron diferentes funcionarios como Analía Monzón, directora del Consejo Provincial de la Niñez Adolescencia y Familia, así como el fiscal Correccional y de Menores Nº 1, Pablo Sosa, que estuvieron a la altura de la circunstancia, manejándose con el compromiso necesario para subsanar una situación que generó una amplia reacción de la comunidad correntina.
De todas formas, nos vemos en la obligación de señalar el preocupante accionar desde una de las áreas que influyen en el sistema judicial que en los últimos tiempos quedó en la picota pública por otros hechos. Tal lo sucedido con el caso Lesieux, donde una publicación en la web del Poder Judicial evidenció cierta tendenciosidad en contra de la ex Intendenta de Perugorría, inclinando el relato, haciéndolo parcial, en sentido contrario a lo que un debate oral y público pretende, que es la imparcialidad para que el Tribunal pueda analizar los hechos; y en casos como el de Lesieux, para que además la ciudadanía esté al tanto de lo que pudiera reflejar intereses políticos u otro tema alejado del estricto ejercicio de justicia.
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