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Lo adelantó la fiscal Sonia Meza. Los testimonios y las pruebas recabadas sustentan la posible comisión del delito de lesiones agravadas y vejaciones. El Juzgado de Instrucción N° 1 fijará las fechas.

DETRÁS DE LAS PAREDES... La Justicia determinará el grado de responsabilidad de los seis imputados.

La fiscal de Instrucción N° 4, Sonia Meza confirmó ayer que se imputará a seis celadores del hogar Domingo Savio por el delito de lesiones agravadas y vejaciones contra menores alojados en esa institución.

En declaraciones radiales, la fiscal Meza informó que se tuvo en cuenta los videos de una testigo y de las cámaras de seguridad, los testimonios de los niños y entrevistas psicológicas. Es por ello que, según la funcionaria judicial, se debe formular la imputación de seis personas que trabajan en dicho Hogar.
La doctora Meza confirmó el avance de la causa tras dos semanas de feria administrativa por la situación epidemiológica de la provincia.
"Hemos tenido dos semanas de suspenso por la cuestión sanitaria. Ahora retomamos la cuestión y presentamos en las últimas horas el proveernos de las medidas probatorias y proceder a la imputación", confirmó la fiscal Sonia Meza en el programa En el Aire, por radio Mitre Corrientes.
Dijo que el fiscal Correccional y Menores, Pablo Sosa "ya llevó adelante un montón de medidas probatorias. Me toca a mí en este momento formular la imputación a raíz de videos y testimonios de los niños. En razón de todo ello, entiendo que se debe formular la imputación respecto de seis personas que trabajan en el lugar".
Recordó Meza que "la responsabilidad de los celadores era la de proteger a los niños", principio que, aparentemente, se habría violado.
"Tuvimos dos semanas de feria, el Poder Judicial retomó sus actividades ayer y también las cuestiones que nos han quedado", señaló Meza.
Mencionó que se trata de una causa que pretende impulsar con rapidez teniendo en cuenta a las víctimas, niños alojados en la institución.
"Presentamos las medidas probatorias y las imputaciones que se harán efectivas en estas horas", añadió Meza en declaraciones al programa que se transmite por radio Mitre.
La imputación es la sindicación de responsabilidad que la formula el Ministerio Público Fiscal y corresponde al Juzgado citarlos a declarar como imputados.
"Todo es objeto de prueba, los imputados podrán defenderse y el delito es por lesiones agravadas y vejaciones (maltratos)", remarcó.
"Yo estoy solicitando ahora la declaración como imputado en base a todas las pruebas que me permiten determinar en base a las conductas de estas personas. Trabajan en dicha institución. De acá en más, ellos podrán defenderse", apuntó la Fiscal.
Reflexionó que este tipo de acusaciones "se dan mucho en el ámbito penitenciario. Entendemos nosotros, desde la Fiscalía, que esto también se traslada en esta situación, porque los niños no pueden salir y en cierta manera estaba coartada su libertad. La responsabilidad de los celadores era la de proteger a los niños", puntualizó.
"El Juzgado dispondrá de las fechas", dijo en relación a la determinación que tomará el Juzgado de Instrucción N° 1. "Hemos valorado mucho la filmación de la persona que luego se difundió en las redes. Estamos solicitando la declaración en cámara Gesell", afirmó.

El video acusador

En la segunda quincena de julio de este año, un video difundido por redes sociales conmovió a la opinión pública porque allí se registraba a dos menores que denunciaban, entre quejidos y llantos, diversas formas de maltrato que ocurrían en el hogar Domingo Savio.
En ese video, grabado por una mujer que acertó a pasar por allí, se escucha el testimonio de los dos menores, que denuncian que les pegaban, le doblaban el brazo, hacían que los chicos más grandes los pellizquen.
La voz de la mujer que filma, a su vez dice: "Escuché los golpes que le daban a la criatura que estaba sentada ahí". Más adelante, describe cómo ve a uno de los niños: "No se puede levantar de la golpiza que le dieron a ese nene".
Tras la difusión del video, la Justicia actuó de inmediato. El primero en llegar fue el fiscal Correccional y Menores, Pablo Sosa y luego la asesora Fanny Romano. Incautaron las cámaras de seguridad y accionaron los protocolos para interrogar a los propios afectados en forma adecuada. En una primera impresión, el Fiscal tuvo una imagen distinta a la que el citado video habilitaba a presuponer. "Cuando entré al lugar me encontré con una situación totalmente diferente; los niños estaban contenidos, en buen estado y sin ninguna situación grave a la vista", le había comentado el funcionario a EL LIBERTADOR.
Focalizó, en cambio, su descripción del caso particular de los dos menores que aparecían en el video que la mujer que lo grabó había viralizado.
"Vi, con mis propios ojos, la actitud descontrolada de ambos, que llegaron a agredir físicamente a dos chicas del personal policial que tuvieron que ser retiradas para su atención", narró el doctor Sosa a este diario.
Sin embargo, más adelante y conforme se iban reuniendo las pruebas y los testimonios, la opinión del fiscal Sosa fue cambiando.
El trabajo investigativo de la Justicia consistió en la incautación de las cámaras de seguridad del establecimiento para examinar las imágenes captadas. También se procedió a una indagación psicológica de los veinte niños internados allí, para que de sus relatos pueda desprenderse si existe algún tipo de maltrato en la atención cotidiana que reciben.
En definitiva, toda la movida judicial se generó a raíz de la difusión del mencionado video con la denuncia sobre maltratos. Para constatar la situación de los menores institucionalizados en el lugar, desde el Juzgado de Menores Nº 2 acudieron a verificar qué ocurría. Previo a eso, habían advertido sobre la publicación de las imágenes, pero ya el impacto social frente a las imágenes difundidas se había generalizado.
Inicialmente, el Poder Judicial publicó en su portal oficial un comunicado que daba cuenta del suceso. Previamente, su enfoque del tema se había difundido vía tuits, lo que no le dio una sólida validez formal a la cuestión puesta sobre el tapete.